Del rediseño ideológico al pragmatismo en la derrota. Plan B de la reforma electoral

Ayer escribí en este espacio sobre la malograda reforma electoral 2026 y su monumental fracaso, al no obtener el partido en el poder la mayoría calificada.

En política, pocas cosas revelan tanto como aquello que se abandona, qie de olvida, que se tira a un cajón con llave y se pierde ésta última, apostando a la falta de memoria del pueblo sin sabiduría.

Las reformas frustradas, más que las aprobadas, exhiben con crudeza las verdaderas intenciones de quienes detentan el poder, para mantenerse en él y seguir haciéndose millonarios a costa de ese pueblo que dicen proteger. 

Así ocurrió con la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidente y su partido, Morena, hace unos cuantos dias.

No se puede negar que era un ambicioso Plan A con el que se pretendía reconfigurar el sistema electoral en México desde sus cimientos, seguido por un Plan B que, lejos de transformar, se limita a administrar los restos de una humillante derrota legislativa.

El contraste entre ambos no es solo técnico o jurídico. Es, sobre todo, una radiografía del poder cuando se enfrenta a sus propios límites. Morena creía que era, ya, ese PRI de carro completo. Una reforma ilógica, sin sustento y encaminada a volver al partido en el poder en es dictadura perfecta de antaño.

El llamado Plan A constituía una profunfa reforma constitucional. No se trataba de un ajuste menor ni de una actualización normativa, sino de un intento por redefinir la arquitectura electoral del país. 

Entre sus propuestas más relevantes destacaba la reducción de dinero a partidos politicos una medida que, en apariencia, apelaba a la mal llamada austetidad republicana, pero que en el fondo alteraba las condiciones de competencia política, especialmente para las fuerzas minoritarias, incluídos sus aliados, el PT y el Verde.

A ello se sumaba la intención de modificar —cuando no eliminar— la representación proporcional. Los llamados plurinominales, tan alabados y defendidos cuando se era minoría, pero hoy criticados en el discurso público, cumplen sin embargo una función esencial: equilibrar la representación y evitar que las mayorías aplastantes distorsionen la pluralidad democrática. 

Su eventual desaparición no era un simple recorte, sino un rediseño del principio de representación política. Mayorías calificadas y un poder presidencial brutal en el entarimado político de nuestro México.

El Plan A también contemplaba la reducción del número de legisladores, tanto en el Congreso federal como en otros órganos, así como ajustes al funcionamiento del INE.

Este último punto no era menor. Desde su autonomía, el Instituto ha sido uno de los pilares de la democracia en el país; tocar su estructura o sus facultades implica, inevitablemente, reabrir el debate sobre la imparcialidad de las elecciones.

En suma, el Plan A no era una reforma: era una reingeniería del sistema democrático mexicano donde, increíblemente, lo menos importante era fortalecer la democracia.

Pero las reformas constitucionales no se aprueban con simple voluntad política, con la amenaza en el discurso de gente como Ricardo Monreal, con sueños de invencibilidad, con la soberbía de quien se cree dueño, no servidor, de la Nación, sino con votos. 

Y ahí, amable lector, es donde la realidad se impuso. La falta de mayoría calificada en el Congreso, sumada a la resistencia no solo de la oposición sino de aliados estratégicos, condenó la iniciativa al fracaso. 

El poder, como tantas veces, descubrió que no basta con querer transformar: hay que poder hacerlo y Morena no pudo y, lo más fácil, llamaron traidores a esos aliados que les permitían despedazar a las instituciones constitucionalmente creadas.

Es en este punto donde emerge el llamado Plan B. Y lo hace no como una continuación del proyecto original, sino como su versión disminuida, casi residual. Es el claro ejemplo de una estrepitosa caída al vacío y una bolsa de plástico pretendiendo detener el golpe del fracaso parlamentario.

Donde antes había exceso de ambición estructural, ahora hay pragmatismo; donde antes se buscaba rediseñar el sistema, ahora apenas se pretende ajustarlo.

El Plan B abandona las iniciativas de transformación de fondo, constitucionales y se concentra en medidas de menor calado, muchas de ellas viables mediante reformas a leyes secundarias.

Entre ellas, la reducción del número de diputados locales y regidores, así como límites al gasto en congresos estatales y ayuntamientos. 

Se trata de una apuesta que, aunque políticamente vendible bajo la bandera de la austeridad, no altera la lógica central del sistema electoral.

El Instituto Nacional Electoral permanece intacto. La representación proporcional sobrevive. El financiamiento a partidos no sufre transformaciones sustanciales. 

Todo aquello que hacía del Plan A una propuesta disruptiva, un innegable cambio de timón politico al pasado priísta de los 1970 y 1980, desaparece en el Plan B, como si nunca hubiera existido.

La transición de un plan a otro no es simplemente una estrategia legislativa: es una contundente confesión política. Revela que incluso dentro de una coalición gobernante existen límites, resistencias y cálculos. 

Los partidos aliados, reacios a perder espacios de representación o prerrogativas, actuaron como diques de contención. La oposición, por su parte, encontró en la aritmética su principal herramienta de defensa.

Así, lo que comenzó como un intento de transformación profunda terminó reducido a un ejercicio de administración política. El Plan B no es la versión moderada del Plan A; es, en muchos sentidos, la negación pública a su intentona fallida.

Y, sin embargo, lo verdaderamente revelador no es que el Plan A haya fracasado, sino la rapidez con la que fue olvidado. Como si nunca hubiera sido una convicción, sino apenas una apuesta inflada por el cálculo político. 

El poder que se presentó como transformador terminó negociando consigo mismo, recortando su propio discurso hasta hacerlo caber en los márgenes de lo posible… o de lo tolerable.

Porque al final, la llamada “transformación” no chocó contra la oposición —eso sería demasiado épico—, sino contra algo mucho más incómodo: sus propios aliados, sus propias contradicciones y su propia incapacidad para construir mayorías reales más allá de la retórica.

El resultado es un Plan B que presume austeridad como si fuera reforma, que vende maquillaje como si fuera rediseño y que intenta hacer pasar un simple y burdo ajuste contable por una victoria política. 

Es, en resumen, una especie de triste simulacro legislativo donde se cambia lo irrelevante para no tocar lo esencial.

Y ahí radica la ironía final: el movimiento que prometía cambiar las reglas del juego terminó confirmando que, cuando no se tienen los votos, lo único que se transforma… es el discurso.

Porque en política, como en la vida, no hay nada más elocuente que un proyecto que se reduce a sí mismo. 

Y pocas cosas tan reveladoras como un poder que, al no poder imponerse, decide conformarse… y llamarlo triunfo.

MORALIDADES. 17 de marzo de 2026.