Ataques a la libertad de expresión en México

La libertad de expresión es un pilar fundamental en cualquier democracia. En México, sin embargo, se ha observado un preocupante incremento en los ataques a este derecho, tanto por parte de actores gubernamentales como de otras instituciones. 

Estos ataques no solo afectan a los periodistas y medios de comunicación, sino que también inciden directamente en la ciudadanía al limitar el acceso a información veraz y plural, violentando el contenido de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ataques y sanciones recientes

En los últimos 3 años, se han documentado múltiples casos de sanciones a periodistas y ciudadanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. 

Por ejemplo, en 2024 se registraron 639 agresiones contra la prensa, incluyendo cinco periodistas asesinados, lo que representó un aumento del 13.9% respecto al año anterior. Estas agresiones incluyen amenazas, intimidaciones y bloqueos de contenido, especialmente en estados como Guanajuato, Sinaloa y Puebla.

Además, se han implementado reformas legales que penalizan el uso de redes sociales para expresar opiniones críticas. Por ejemplo, en Puebla se aprobó una ley sobre ciberacoso que penaliza con hasta tres años de cárcel a quienes "violenten, insulten o acosen" a una persona en redes sociales. 

Estas leyes han sido criticadas por organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que advierten sobre su potencial para restringir la libertad de expresión

Actores involucrados.

Diversos actores gubernamentales han estado involucrados en estos ataques. Por ejemplo, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, demandó al periodista Jorge González por presunto "delito de odio" tras la publicación de una columna crítica. Como medida cautelar, se le prohibió ejercer el periodismo y se ordenó el cierre del medio Tribuna por dos años (El País, 2025). 

Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sancionado a ciudadanos por expresar opiniones críticas en redes sociales, utilizando la figura de violencia política de género, lo que ha generado controversia sobre su aplicación (El País, 2025).

El caso más emblemático, hoy en día, es el de Diana Karina Barreras Samaniego, diputada federal por el Partido del Trabajo en Sonora, esposa, coincidentemente, de Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desde 2024, quien acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para callar, sancionar y, si me lo permite, humillar a otra mujer, una ama de casa de Hermosillo, Sonora, Karla María Estrella Murrieta, quien publicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) lo siguiente:

 “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas.”

La única palabra posiblemente “soez” sería desmadrar. El enojo fue tal que Diana Karina Barreras, hoy Dato protegido, con el apoyo de su esposo y sus influecias, logró que el TRIFE censurara una opinión fundada en la libre expresión de las ideas, al imponer sanciones que incluyeron disculpas públicas por 30 días, una multa, cursos de género, lectura de bibliografía especializada y su inscripción en el registro de sancionados del INE.

El argümento de los Magistrados se basó en que dicho mensaje redujo la trayectoria política de la diputada Diana Karina Barreras a la influencia de su esposo, actualizó violencia simbólica, psicológica y digital en su contra y reforzó estereotipos de género según los criterios aplicables.

Lo interesante de este caso es que miles de usuarios de X se volcaron en contra de la diputada, llamándola dato protegido y recordando a su progenitora, cuestión que logró volverse Trending Topic en dicha red social, que ha trascendido el ámbito nacional, lo que provocó que el marido de Diana Karina saliera en su defensa, reforzando los estereotipos de género que buscaba, supuestamente, anular la esposa de Gutiérrez Luna. 

Aunado a lo anterior, se han estado publicando imágenes de la ostentación de riqueza, no justificada siquiera con el sueldo de ambos legisladores y sin haberse investigado sus bienes inmuebles, vehículos o cuentas bancarias.

Este es un caso sui géneris difícil de encuadrar en precedentes anteriores.

Implicaciones democráticas.

La censura gubernamental tiene profundas implicaciones en la democracia mexicana. 

Limitar la libertad de expresión restringe el acceso de la ciudadanía a información diversa y veraz, lo que dificulta la formación de opiniones informadas y la participación activa en los procesos democráticos. Además, crea un ambiente de autocensura entre periodistas y ciudadanos, lo que debilita aún más el sistema democrático. 

El miedo empieza a contaminar todo, sin liberad de expresión ya no habrán críticas justificadas al Gobierno, ni quejas por abusos, derroche, corrupción, impunidad e hipocrecía de quienes fueron votados para servir, no para servirse.

Organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han señalado que la judicialización de la crítica y la implementación de leyes restrictivas son tácticas que buscan silenciar a la oposición y controlar el discurso público. Estas prácticas no solo afectan la libertad de expresión, sino que también socavan la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho.

Conclusión.

Los ataques a la libertad de expresión en México representan una amenaza significativa para la democracia y los derechos humanos. Es imperativo que las autoridades respeten y protejan este derecho fundamental, garantizando un entorno en el que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones sin temor a represalias. 

De lo contrario, se estaría entrando a un callejón muy peligroso que solo nos llevarán a la dictadura, a la censura, a la represión desde la silla presidencial. Más, cuando por desgracia el Poder Judicial fue ya doblado, sobajado, puesto a las órdenes del Poder Ejecutivo, tanto federal como local, a través de una reforma sin pies ni cabeza.

Si a esto le sumamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también se ha convertido, con su titular actual, en un apéndice del Partido en el poder, dejamos a la ciudadanía en un total estado de indefensión ante los abusos de autoridad y el silencio impuesto por quienes tienen la obligación de protegernos.

Solo a través del respeto a la libertad de expresión se podrá fortalecer la democracia y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Cualquier otro camino es erróneo y dañará por décadas a nuestro México.

O ¿usted qué opina, amable lector?